Los gobiernos locales y regionales deben cumplir con sus responsabilidades y cooperar para lograr un desarrollo sostenible, con bajas emisiones y resiliente al clima, tanto dentro de sus territorios como a nivel mundial, en consonancia con la Agenda 2030 y el Acuerdo de París. Esto es necesario para impulsar una transición justa que priorice la protección de los derechos humanos y la promoción de la autonomía política de los jóvenes.