Representantes de ONGs y de gobiernos locales compartieron su visión sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad en los centros urbanos.
En el segundo día del III Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe (CAPLAC), que se realiza en Lima, Perú; por medio del Proyecto Áreas Protegidas Locales, se destacó la importancia de las Áreas Protegidas Urbanas y de Otras Medidas Efectivas de Conservación.
En la mañana, representantes de organizaciones no gubernamentales y de gobiernos locales compartieron su visión sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad en los centros urbanos en el “Panel: Retos y oportunidades para la gestión de Áreas Protegidas Urbanas en Latinoamérica y el Caribe”.
Para Larissa Heinisch, Coordinadora de Biodiversidad de ICLEI América del Sur, el contexto latinoamericano exige soluciones específicas que equilibren la conservación de la biodiversidad y el desarrollo socioeconómico, especialmente considerando centros urbanos en rápida expansión.
“Las Áreas Protegidas Urbanas deben tener una mirada bien enfocada en la gestión de soluciones basadas en la naturaleza y en la cooperación multinivel”, complementó.
Por su parte, Clara Matallana, investigadora del Instituto Humboldt, manifestó que estas áreas poseen valores socioeconómicos irremplazables y por ello es necesario que se creen mecanismos que permitan su existencia a lo largo del tiempo.
«Estas áreas proveen importantes servicios ecosistémicos como el agua potable para el abastecimiento de la población en las ciudades, y están vulnerables porque no siempre son reconocidas como áreas protegidas. Como no son reconocidas, un cambio en el ordenamiento territorial las puede amenazar», manifestó.
En otro momento del panel, representantes de los gobiernos de Niteroi (Brasil) y del Área Metropolitana del Valle de Aburrá – AMVA (Colombia) y del Instituto Çarakura compartieron sus experiencias en la gestión efectiva de la conservación.
Según Eurico Toledo, Secretario de Medio Ambiente del municipio de Niteroi en Brasil, el 56% de su territorio posee áreas protegidas pese a las diversas presiones que enfrentan como la expansión de la urbanización. “Mi ciudad tenía 13 unidades de conservación en el papel y sin ningún tipo de gestión. Hoy, gracias al programa Niterói + Verde ha habido una unificación de estas unidades que pasaron a ser actualmente siete. Esto fue posible debido a la política de transversalidad ambiental que se implementó en todas las secretarías del municipio», dijo.
Por otro lado, al tener un perímetro urbano delimitado por el contexto geográfico específico del Valle de Aburrá, el tema de la conservación en esta área sufre una gran presión por el aumento de emprendimientos del sector inmobiliario, no obstante, tiene a la población como uno de sus aliados. “Actualmente tenemos seis áreas protegidas que representan 250 hectáreas de nuestro territorio. Las 2 últimas, que protegen humedales urbanos, fueron declaradas con apoyo de la población que consiguió que autoridades las consideren dentro de la planificación territorial», manifestó William Álvarez, Coordinador General de la Subdirección de Planeación Territorial del AMVA.
De acuerdo con Richard Smith, del Instituto Çarakura, modelos de gestión compartida de áreas protegidas deben ser fortalecidos en el contexto urbano, involucrando los gobiernos locales y actores sociales en formatos participativos y colaborativos. Hay una relación paradoxal entre la baja capacidad de los gobiernos locales de articular parcerias y su gran necesidad de trabajar vacíos de acción por medio de acciones conjuntas.
En el periodo de la tarde, se llevó a cabo el Conversatorio: “Otras Medidas Efectivas de Conservación basadas en Áreas: Dialogo sobre avances y retos para su identificación y fortalecimiento en América Latina y el Caribe como oportunidad para el alcance de la Meta Aichi 11 y la agenda post 2020”.
Durante el evento, se destacó la necesidad de tener una legislación que permita fortalecer y reconocer a las Otras Medidas Efectivas de Conservación (OMEC) pues, al hacerlo, se están conservando importantes áreas para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. “Las OMECs pueden aumentar la representatividad ecológica, la conectividad y actuar como zonas de amortiguación de áreas protegidas”, manifestó Clara Matallana.
Para Carolina Sofrony Esmeral, del proyecto IAPA Visión Amazónica, el reconocimiento de las OMEC puede generar incentivos para la conservación y el uso sostenible más allá de las áreas protegidas. “Ellas son una herramienta para garantizar los procesos de conectividad. Por ello, se deben generar procesos de fortalecimiento técnico, de articulación institucional y trabajo consensuado entre diferentes actores”, anotó.
La ruta de Bariloche a Lima
La rectora de la Universidad Ean en Colombia, Brigitte Baptiste, condujo la charla «Ruta de Bariloche a Lima: Los gobiernos locales de Latinoamérica y el Caribe y su rol en la conservación» al final de la tarde del día 15. Desde el Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y Otras Áreas Protegidas, realizado en Bariloche en 2007, el rol de los gobiernos locales en la conservación de la biodiversidad ha ganado más visibilidad y reconocimiento.
Brigitte apuntó el potencial de la participación de esos gobiernos en la gestión y gobernanza efectiva de áreas protegidas y conservadas locales, y destacó que, desde Bariloche, se observa en América Latina y el Caribe una cultura emergente de compromisos sociales con la conservación de la naturaleza.
“Las áreas protegidas y conservadas locales son complementarias a los sistemas nacionales de áreas protegidas y funcionan. Por ejemplo: forman parte de corredores ecológicos y mosaicos de biodiversidad”, apuntó.
Asimismo, dijo que son los gobiernos, la sociedad y las organizaciones locales quienes enfrentan a los costosos impactos del deterioro ambiental globalizado, y que deben comprometer sus capacidades y recursos en la mitigación de sus efectos.
También afirmó que las condiciones para la gobernanza local – que son ambientales por definición – serán factores definitivos para la estabilidad política de los Estados del futuro. “Hay que incluir a las sociedades locales que fueron excluidas del proceso de desarrollo”, apuntó.
Por último, manifestó que nuevos modelos de áreas protegidas, manejadas ‘globalmente’, pueden ser instrumentos de justicia ambiental distributiva, proporcional y eficiente así como un mecanismo de construcción de resiliencia alternativa. «Las áreas protegidas locales tienen el potencial de reconstruir la democracia participativa a partir del reconocimiento profundo del territorio por los propios ciudadanos», dice.